La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (AMAFUTAN) integró la nómina de diversas instituciones y organizaciones sociales que acompañaron el petitorio de víctimas y familiares, solicitando que el juicio se desarrolle en Tandil. “Si bien el TOF resolvió que la sede sea Mar del Plata, desde la Asociación pensamos que es fundamental que magistrados y magistradas garanticen la realización de algunos actos procesales relevantes en Tandil que es el lugar donde ocurrieron los hechos que van a ser juzgados y donde vive la mayoría de las víctimas y testigos que deben declarar en el juicio. Trasladarse de una ciudad a otra, en virtud de la edad de las víctimas, su estado de salud y el impacto emocional que produce recordar hechos dolorosos, ya es, sin más,  traumático. Se trata de evitar situaciones que puedan ser vividas como revictimización, desamparo o alta exposición, hechos que se añaden innecesariamente a ese dolor”, señalan desde la AMAFUTAN.
La Asociación fue convocada por el espacio multisectorial Memoria, Verdad y Justicia para sumar su adhesión al pedido que elevaron al TOF. “Hay que advertir que esta situación no es comparable al juicio por la desaparición, tortura y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que se llevó a cabo en Tandil durante 2012. En aquella ocasión se trataba solo de dos imputados, mientras que en esta oportunidad son casi 30, además de más de 100 víctimas en un debate que se va a extender durante más de un año, seguramente. No obstante, insistimos en que algunos tramos del proceso judicial se lleven a cabo en Tandil por lo anteriormente enumerado: es sabido que un contexto hostil a la hora de declarar, sin apoyo ni contención emocional, puede alterar parcialmente la calidad del testimonio y creemos que los relatos deben estar impregnados del territorio donde sucedieron los hechos”, agregan desde la AMAFUTAN.

Reparar la memoria colectiva 

Emilio y Julio Méndez  fueron condenados, en 2012, por delitos de lesa humanidad, en un juicio oral y público sin precedentes, y absueltos luego -sin sentencia firme- por la Cámara Federal de Casación. “Sin dudas, fue un momento histórico en lo que refiere a la indispensable contribución en la restauración de la memoria colectiva, porque generó numerosos efectos multiplicadores en ese sentido. Se avanzó en las señalizaciones de las Comisaría Primera y Segunda, de la Quinta donde concurrieron los hechos, de La Huerta y la colocación de las denominadas Baldosas por la Memoria donde fueron secuestrados o en las escuelas donde estudiaron las víctimas de la última dictadura cívico militar.

Creemos también que este nuevo proceso judicial tiene que movilizar y multiplicar esos mismos efectos que no solo son necesarios para las víctimas sino para toda la comunidad. Es nuestra responsabilidad sostener la necesidad de debate, garantizar la relevancia pública del hecho, sobre todo-y de manera intransferible- hacia dentro de nuestra sociedad, validando cualquier acción o acompañamiento institucional que ratifique la necesidad vigente de memoria, verdad y justicia para que esos crímenes no queden impunes, para que las víctimas encuentren, después de tantos años, el acto reparatorio de justicia que el Estado y la sociedad aún les adeuda.
Nuestro acompañamiento tiene estrecha vinculación con las prioridades de nuestra agenda como Asociación: la defensa de la plena vigencia de un estado social y democrático de derecho y de los derechos humanos que tan vulnerados y amenazados han estado en nuestro país durante la dictadura”, concluyen.