El objetivo planteado es que el Banco Central de la República Argentina tome debido conocimiento, intervenga, administre y gestione nuevas y efectivas medidas de seguridad informáticas en las plataformas y todos los servicios virtuales ofrecidos por las Entidades Financieras que se encuentran bajo su órbita de vigilancia y control.

También se solicita se dispongan canales y vías de atención prioritaria a los/as usuarios/as que denuncien haber sido víctimas de ciberdelitos, para tomar debido registro, brindarles asesoramiento adecuado y adoptar medidas eficaces que permitan proteger el patrimonio de los/as afectados/as, con especial énfasis en aquellos/as usuarios/as que queden comprendidos/as dentro de la categoría de “consumidores/as hipervulnerables”, e  implementar medidas adicionales de validación en aquellas modalidades de créditos automáticos, pre-otorgados, o similares que se ofrecen y se ejecutan por medios informáticos. Para ello también se han realizado propuestas sobre el perfeccionamiento de los contratos electrónicos, que brinden más seguridad y confianza a los usuarios del sistema.

Los usuarios afectados por las maniobras fraudulentas padecen un doble estándar de vulnerabilidad: el que se verifica en la necesaria y forzada inclusión debido al contexto de “Emergencia Sanitaria actual” e intervención del complejo entorno digital en el que operan las maniobras fraudulentas, y el que se desprende de las acciones y presiones psicológicas que perpetuán los sujetos para acometer los actos ilícitos sobre los usuarios.

Estas acciones llevadas adelante desde la Oficina de Información al Consumidor han sido presentadas también ante el Consejo Provincial de Defensa del Consumidor en la primera reunión de este año, que se llevó a cabo el día 29 de junio, durante la cual uno de los temas que se trató  fue “ciberdelitos”, entre otros como audiencias virtuales, notificación electrónica, todos nuevos abordajes necesarios para adaptar y optimizar el trabajo diario a los tiempos de pandemia.