La salud es un derecho constitucional y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Cuando una persona es afiliada a una Obra Social Pública o privada, seas afiliado portador de un certificado de discapacidad o no, las mismas tienen la obligación de dar cobertura en tiempo y forma.  
En cuanto a las personas con discapacidad están obligados a cubrirles el 100 % de todas las prestaciones ya sean estas, consecuencia directa o indirecta de la discapacidad; en todos los casos, cuando no se brinde la debida cobertura o se suspenda por cualquier motivo la prestación, deben asesorarse con su profesional de confianza y recurrir a la Justicia.  
Dentro del contexto que estamos viviendo la Dra. Gabriela Marti, especialista en Derechos de las Personas con Discapacidad – Salud – Obras Sociales e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados y Coordinadora del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados del Departamento Judicial, manifestó que “el derecho a la salud debe ser garantizado en todo momento y sin interrupción, para el caso de verse afectado, el accionar conjunto con una abogada o abogado, siendo la vía más segura para hacer cumplir las prestaciones que se reclaman y son debidas”.
Es sumamente entendible que muchos afiliados no estén preparados para abordar una demanda judicial como es el Amparo, herramienta con la que se cuenta para defender los Derechos Constitucionales y Convencionales en la Justicia, ya sea por falta de información, por falta de conocimiento o por falta de medios económicos. No todos tienen ganas de enfrentar un litigio. Esto último está bien, no es una crítica, por el contrario, pero debemos saber que las obras sociales y/o prepagas deben brindar la cobertura que por ley corresponde. El no cumplimiento a la ley no puede ser la regla”, explicó la abogada.  
Toda persona podrá acudir a un abogado particular para que los asesore y otros pueden acudir a las defensorías oficiales, tanto las civiles que tienen competencia para actuar contra una obra social Provincial, el claro ejemplo es IOMA y están también las Defensorías Federales que tienen competencia para intervenir en demandas contra las obras sociales nacionales. Es importante tener en cuenta que las defensorías intervienen si la persona carece de recursos económicos. Ambas defensorías tienen como función asesorar, representar y defender gratuitamente a las personas que carezcan de recursos suficientes para hacer valer sus derechos en juicio.  
Desde la Asociación de Abogados de Tandil, destacamos la labor de las abogadas y abogados que ejercen de forma liberal la profesión y defienden y promueven los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de Tandil, siendo importante remarcar que es importante que ante un incumplimiento y/o una negativa de cobertura por parte de la obra social y/o prepaga que una persona es afiliada, la misma pueda asesorarse, ya sea acudiendo a su profesional de confianza, ya que no podemos permitir el actuar abusivo, que avasalla los derechos esenciales y están en juego, siendo ni más ni menos que la salud. Muchas veces por desconocimiento, el afiliado se queda sin la prestación o abona servicios de su bolsillo generando eso una situación de discriminación que no podemos permitir, ya que como afiliados tienen el derecho y deben poderlo ejercer y si no se le es respetado, al menos tendrán la opción junto a su abogado de utilizar las herramientas para poder obtener una respuesta desde la Justicia.  
Desde la Asociación de Abogados de Tandil y desde el Colegio de Abogados de Azul diariamente trabajamos para que las leyes se cumplan. De nosotros depende.